Gran movilización en Polonia contra el control político del poder judicial

La Cámara Alta de Polonia ha aprobado este sábado una contestada reforma judicial, pese a las advertencias de Bruselas y la oposición popular. La ley, presentada por el partido gobernante, Ley y Justicia, propone el fin del mandato de los actuales jueces del Supremo, excepto los elegidos por el presidente, para ser sustituidos por los nombrados por el Gobierno, algo que la oposición considera inconstitucional y una ruptura del principio de separación de poderes y la independencia de la magistratura.

La medida fue aprobada este jueves por el Parlamento y todavía tiene que ser aprobada por el presidente polaco, Andrzej Duda. El partido Ley y Justicia ha podido aprobar cómodamente el polémico proyecto de ley gracias a su amplía mayoría en las dos cámaras. “Gracias a esta reforma vamos a tener tribunales eficientes, honestos y verdaderamente libres”, ha asegurado el presidente del Senado polaco.

A la norma votada este sábado se suman otras dos aprobadas el pasado 12 de julio dentro de la ambiciosa reforma del sistema judicial impulsada por el Ejecutivo, que dan más poder al ministerio de Justicia en la elección de los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces y de los tribunales regionales y de apelación.

El PiS sostiene que se necesitan nuevas normas para que el poder judicial sea eficiente y responsable, pero la oposición y los grupos de jueces en Polonia, así como los críticos en Bruselas, aseguran que esta ley es un nuevo paso del Gobierno polaco hacia el autoritarismo.

Manifestaciones en contra de la reforma

Durante la votación de este sábado, miles de ciudadanos se han manifestado frente al Senado y a la sede del Tribunal Supremo en Varsovia, al igual que en otras ciudades del país, para pedir al presidente polaco que se niegue a ratificar el proyecto de ley e impida su entrada en vigor.

Según The Guardian, algunos manifestantes han llevado banderas polacas y de la Unión Europea. Muchos de ellos han cantado “Tribunales libres” y han encendido velas en señal de protesta.  

Bruselas también se opone

Asimismo, la reforma ha generado el rechazo de las instituciones europeas. La Unión Europea ha puesto sobre la mesa la posibilidad de retirar a Polonia su derecho a voto en el Consejo. No obstante, parece “poco probable” que se llegue al extremo de la “suspensión de ciertos derechos” –posibilidad recogida en el artículo 7 del Tratado de Lisboa–, según la directora en Bruselas del instituto Bertelsmann Stiftung, Stefani Weiss.

A propuesta de la Comisión, el Consejo puede determinar la existencia de un “claro riesgo de seria ruptura” de los valores europeos por parte de un Estado miembro a través de una mayoría cualificada, pero aprobar las sanciones requiere de la unanimidad de todos los países comunitarios.

“Puede ser que se active, porque para eso se necesita solo una mayoría cualificada y creo que muchos otros Estados miembros sienten que tienen que hacer algo”, sostiene Weiss, que agrega que la dificultad sería alcanzar un consenso absoluto sobre las sanciones. “Hungría –gobernada por otro gobierno ultraconservador– ya ha dicho que no se uniría y muchos otros Estados miembros serían cautos al respecto”, ha recordado la experta.

“Individualmente, cada una de estas leyes –aprobadas en Polonia– erosionaría seriamente la independencia del poder judicial si se adoptasen. En su conjunto, pueden abolirla completamente y pondrían la magistratura bajo el control político del Gobierno”, advirtió esta semana el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

El año y medio de pulso entre la Unión y el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia comenzó en enero de 2016, cuando Bruselas estrenó por primera vez un nuevo instrumento complementario y previo a la activación del artículo 7 para vigilar el respeto a las libertades fundamentales.

Mediante este proceso, la Comisión puede emitir opiniones y recomendaciones tras discernir la gravedad de la amenaza al Estado de derecho en un país concreto. Bruselas ya ha emitido dos recomendaciones y prepara la tercera para el próximo miércoles, que previsiblemente acompañará con un procedimiento de infracción por violación de la normativa comunitaria una vez haya revisado en profundidad los nuevos textos legales polacos.

Fuente: http://www.eldiario.es/internacional/movilizacion-social-poder-judicial_0_667733360.html